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Precauciones al montar una página web para vender (tienda virtual) durante la cuarentena

Muchos comercios salen a vender en Internet sin cumplir la normativa de comercio electrónico
El cierre de los comercios ha hecho que Internet sea la esperanza de muchos negocios y profesionales (durante el estado de alarma la venta online de productos prácticamente se ha duplicado, así como el gasto medio de cada compra).

Si ya contábamos con presencia en Internet que incluía venta pero no terminaba de ser un canal principal indudablemente esta situación ha hecho que pase a ser fundamental, y es probable que lo tengamos todo en orden (probable).

El problema son los que han tenido que meterse por primera vez en Internet, algo que no siempre se está haciendo con las garantías jurídicas necesarias, ya que las empresas no se paran en estos aspectos, sino en sobrevivir.

Los que se encuentren en estos casos han de saber que la venta on-line está sujeta a muchas normas y leyes, que su no cumplimento puede derivar en una sanción:

  • Regulación específica de cada producto o servicio
  • LSSI-CE (ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico)
  • Ley para la defensa de consumidores y usuarios, y la de ordenación del comercio minorista.
  • Normativa de privacidad y la relativa a los derechos de propiedad intelectual.
  • Evidenteme, la protección de datos (RGPD), como en la actividad off-line.

El problema es que mucha gente desconoce que no es lo mismo la venta de persona a persona que de empresario a consumidor: son muchas las exigencias legales (y las sanciones por incumplirlas) para quien está haciendo negocio, y no simplemente deshaciéndose puntualmente de un objeto.

En eso caso hemos de saber:

  • Una oferta online es un contrato que el cliente cierra al aceptarlo, y que no finaliza con la venta, también es necesaria la garantía y el servicio posterior.
  • Hemos de tener unos términos y condiciones adaptados a la legislación española y toda la información sobre la operación debe proporcionarse al consumidor en una pantalla previa al paso que formaliza la compra.
  • Políticas de privacidad. En este punto, el problema suele ser el tratamiento de datos no consentido o el envío de comunicaciones publicitarias no autorizadas.
  • La ley impone a los prestadores de servicios unas elevadas exigencias de información como, por ejemplo, identificar su nombre o denominación social, publicar los datos de contacto y, si ejerce una profesión regulada, su título académico y sus datos de colegiación.

Por eso aconsejamos que si nos decidimos a dar este paso contemos con profesionales y nos dejemos asesorar.